Nueva Ley Whistleblowing: Protección de los denunciantes de infracciones normativas y contra la corrupción. Multas de hasta 1.000.000,00 de euros.

Cáceres, a 20 de abril de 2023.

Se ha publicado en el BOE la Ley 2/2023, de 20 de febrero, con la que España traspone la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019, bautizada como “Directiva Whistleblowing”

¿Qué regula esta nueva ley?

Con carácter principal, la obligación de empresas con más de 50 trabajadores de implementar un sistema de información y canalización de denuncias.

También están obligados los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales y las fundaciones creadas por unos y otros, siempre que reciban o gestionen fondos públicos.

¿Qué plazo hay para implementar este sistema?

La ley entró en vigor el día 13 de marzo de 2023 y las organizaciones tendrán un plazo máximo de tres meses para establecer sus sistemas internos de información. Sin embargo, las entidades jurídicas del sector privado con 249 trabajadores o menos tienen una excepción y tienen un plazo extendido hasta el 1 de diciembre de 2023.

¿Qué persigue esta ley?

La norma proporciona protección a los informantes que hayan obtenido información sobre infracciones en un contexto laboral o profesional, incluyendo aquellos que trabajen en el sector privado y hayan obtenido la información revelada en el marco de una relación laboral ya finalizada, durante el proceso de selección o de negociación precontractual. Además, la ley también establece medidas de protección para los representantes legales de los trabajadores que brinden asesoramiento y apoyo al informante en el ejercicio de sus funciones.

Prohibición expresa de represalias frente a denunciantes

La ley prohíbe expresamente cualquier acto de represalia en contra de las personas que presenten una comunicación de acuerdo con lo establecido en ella. Se consideran represalias, entre otras, la suspensión del contrato de trabajo, el despido o la terminación de la relación laboral, la imposición de medidas disciplinarias, la denegación de ascensos, la modificación significativa de las condiciones de trabajo y la no conversión de un contrato temporal en uno indefinido, en caso de que el trabajador tenga expectativas legítimas de ser contratado de forma indefinida. Estos son solo algunos ejemplos de las represalias consideradas por la ley.

¿Qué sanciones establece?

La ley establece un sistema de infracciones y sanciones en el cual el incumplimiento de la obligación de establecer un sistema interno de información se considera una infracción muy grave. En consecuencia, se pueden imponer multas que oscilan entre 600.001 y 1.000.000 euros a las personas jurídicas que incumplan esta obligación.